13 de enero de 2025
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Viernes 19 de abril, cinco y media de la mañana. Una imagen sorprendida a las puertas de la fábrica asiento en Martorell (Barcelona) durante el cambio de turno. El presidente de Izquierda Republicana, Oriol Junqueras, reparte folletos informativos entre los trabajadores de la primera empresa por volumen de actividad en Cataluña explicando los beneficios de la gestión de su partido en el gobierno de la Generalitat. Una imagen llamativa que al mismo tiempo demuestra que después de unos años la economía ha regresado con fuerza a la política catalana con un papel a menudo residual en el debate público.

Está claro que hoy no es así y que desempeñará un papel secundario en la votación de este domingo. Un adelanto electoral precisamente por el fracaso de los presupuestos autonómicos para este año y con la paralización del proyecto del macro complejo de ocio y casinos piedra dura en Tarragona como la línea roja de la general lo que impidió que las cuentas públicas avanzaran en el Parlamento.

la huella de proceso Firmó un parlamento que hasta hace poco estaba dividido en bloques estancos. Pero, especialmente después de la partida de Juntos del Gobierno de coalición con Esquerra hace un año y medio, la política de vivienda, la suspendida ampliación del aeropuerto del prat o los impuestos hicieron más visible al eje derecha-izquierda en la Cámara en debates y votaciones. En el último tramo de la legislatura no fue extraño para el neoconvergente de acuerdo en la votación con voz, PÁGINAS y Los ciudadanosa ERC, TAZA y En Com Podem antes y en PSC Inclinación dependiendo de la pregunta.

Sin los 2.600 millones adicionales presupuestados, el presidente de la Generalitat, peras de aragóntenía pocos incentivos para agotar el mandato antes de acudir a las urnas a principios de 2025, con Carlos Puigdemont presumiblemente ya ha vuelto a ser favorecido por el Ley de Amnistía. Nada que ganar y mucho que soportar, con una crisis por delante sequía que se ha convertido en el principal problema de los catalanes, según datos del Centro de estudios de opinión (HUB), el equivalente autónomo de CEI. Para los entrevistados, las relaciones Cataluña-España suponen hoy al menos una preocupación similar a las que generan el desempleo y la precariedad laboral. Restricciones al uso del agua en actividades económicas (parcialmente relajadas este martes, a cinco días de 12-M) marcó el inicio de unos meses de indigestión en contraste con el discurso triunfalista de Esquerra Republicana.

Sin la comparación de que va como una moto que suele utilizar el presidente del Gobierno, pedro sánchezPara referirse a la economía española, Aragón hace alarde de otras palabras de PIBlas exportaciones, la inversión extranjera (con un pujante ecosistema empresarial en sectores como el tecnológico o la biomedicina), una tasa de paro inferior al 10% y el nombramiento de más docentes, personal sanitario y agentes del sector Mossos d’Esquadra. Alza de datos macroeconómicos para poner fin a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. COVID-19pero en el fondo esconden otras tantas cifras preocupantes.

Según datos de la Instituto de Estadística de la Generalitat, uno de cada cuatro catalanes está en riesgo de pobreza o exclusión social, según los parámetros que mide el indicador europeo UNA SOGA. En esta encuesta de condiciones de vida, el 20% de la población declara que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, porcentaje que representa un 0,8% más que en 2022.

También se eleva hasta el 8,9% la tasa de personas que viven en situación de grave privación material y social (en 2022 era del 8%), es decir, aquellas que no pueden permitirse al menos cuatro de los nueve artículos de consumo básico. Y es el grupo de niños el que sale peor parado. Más de 440.000 niños (uno de cada tres) sufrieron riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, una situación crónica que, salvo en 2016, siempre ha superado el 30% en la última década.

Todo ello explica por qué ocho de cada diez catalanes creen que las disparidades de renta y riqueza entre pobres y ricos son muy grandes en la región, como refleja otro barómetro reciente de la director ejecutivo.

Industria

La deslocalización industrial ha golpeado a Cataluña en los últimos años, buscando aumentar el peso del sector secundario hasta alcanzar el 25% de la economía de la región. El reciente acuerdo para la empresa automovilística china. Cereza ocupar las antiguas tierras de Nissan en Barcelona, ​​en alianza con los españoles Coches eléctricos, cerró un expediente abierto sobre la mesa durante toda la legislatura. Esto le ha pasado a otras empresas, como Bosch o recientemente Danone, pero el mayor impacto provocado por una paralización de la actividad fue el anuncio, al inicio de la pandemia en 2020, del fabricante de vehículos japonés de abandonar sus fábricas catalanas después de más de cuatro décadas y con más de 2.500 empleados. El aterrizaje de Chery concluye de momento un largo proceso de reindustrialización del terreno que Nissan dejó definitivamente atrás hace un año y medio.

La de 2024 es una Cataluña muy rezagada en la generación de energía renovable, que en un plazo de seis años, según los objetivos marcados en la ley de cambio climático aprobada en el Parlamento en 2017, deberá cubrir la mitad de la demanda eléctrica. Hoy en día, la energía verde representa sólo el 15%, mientras que la energía nuclear se mantiene en el 60%.

Este retraso crónico se ha revertido parcialmente en los dos últimos años, aunque resulta insuficiente para compensar la paralización de proyectos eólicos y fotovoltaicos acaecida en la última década. Cataluña genera sólo el 4% de la energía renovable de España.

Regreso de empresas

Los jefes de lista 12-M compitió por los titulares el jueves pasado por la adquisición hostil de la BBVA después de la Banco Sabadell. Además de las consecuencias económicas y empresariales de la operación, subyace el progresivo deterioro de los centros de poder y toma de decisiones en Cataluña. El regreso de las empresas que mueven sus oficina registrada a otras comunidades a finales de 2017 (p. ej. CaixaBankel propio Sabadell o Naturgy), detrás de la Referéndum del 1 de octubre y el posterior declaración de la independencia, volvió a la palestra con las negociaciones por la inversión de Sánchez y lo hizo también en esta campaña. Incluso con la polémica propuesta que Junts hizo en enero para introducir sanciones a las empresas que no lo quisieran.

En el último trimestre de 2017, más de 3.000 sociedades solicitaron el traslado de su domicilio social a otras comunidades y desde entonces el saldo negativo entre bajas e inscripciones es de más de 4.000 También es significativo el traslado de la provincia de. Lrida al vecino Aragón de las empresas catalanas que encuentran en esta comunidad un ecosistema más flexible para la inversión, con menos barreras burocráticas y mayor agilidad en los plazos administrativos.

Impuestos

Además de seguridad jurídica, el sector empresarial exige políticas fiscales atractivas. Y éste fue uno de los principales temas de la campaña electoral. Con dos semanas, Cataluña lidera la clasificación de impuestos autonómicos, seguida de Valencia y Andalucíacon ocho, en una lista que se cierra Madridsin impuestos.

Según cálculos de la Observatorio de Derecho Público de Barcelonacon datos de TesoreríaLa Generalitat recaudó con estos impuestos, como los de bebidas azucaradas o casas vacías, más de 863 millones de euros en 2022, el 45% del total de todas las comunidades.

Por otra parte, un informe de Registro de Economistas Asesores Fiscales señala Cataluña como la región donde más impuestos pagan impuestos personales unos ingresos de 30.000 a 45.000 euros brutos al año, con una diferencia de 492 euros respecto al País Vasco, donde hay menos presión fiscal.

«Con la inflación, las clases medias y populares se han empobrecido para engordar las arcas públicas en lugar de desinflar a las secciones autonómicas, como han hecho otras comunidades», denuncia la patronal. Promoción de Treballque habla de «un infierno fiscal que frena la inversión y la atracción de talento».

«El sistema tributario requiere una revisión completa, una racionalización y una simplificación», aconseja el presidente del Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreuquien, como Foment, insiste en que es necesario “el impuesto sobre Herencia» y «reducir las tarifas cobradas en el Sucesiones para ubicarlo alrededor del promedio de la OCDE«.

«Quizás sea necesario un enfoque del sistema fiscal más centrado en el ciudadano y la economía y menos en las necesidades del sector público, y sobre todo que proporcione seguridad y no genere sensación de injusticia», afirma el decano de el Colegio de Economistas de Cataluña, Carlos Puig de Travy. En este sentido, pide «centrar la atención en las cifras que pueden frenar la actividad económica y la generación de valor en la sociedad».

De acuerdo con estas tesis, el liderazgo de Junts durante toda la campaña fue general, sin esconder más el alma convergente, a los votantes catalanes más reacios a las políticas de izquierda, aunque poco amigos de aventuras unilaterales. Los 77.000 votos que se darán en 2021 a la PDeCAT (el heredero de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y del que finalmente surgió JxCat) o los cerca de 103.000 que eligieron la papeleta unión democrática En 2015, tras escindirse de Convergencia por su giro independentista, suponen un botín importante, quedándose sin precio en plazas en ambos casos.

Modelo fiscal como el vasco o el navarro

Él pensar en scrum Civismo señala en un informe reciente que el déficit recaudatorio del Estado (unos 14.300 millones de euros) por la aplicación de un sistema de financiación para Cataluña similar al concierto económico vasco o al acuerdo de Navarra equivaldría a 45 veces la inversión realizada en el nuevo Hospital 12 de Octubre de Madrid y aproximadamente la misma cantidad que reciben en conjunto Aragón, Asturias, Extremadura y Galicia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

El estudio de Civismo apunta a que el Estado dejaría de recaudar más de lo que gasta en defensa, más del 15% del gasto público total en sanidad o el 23% en educación, según cifras del año 2023.

El laboratorio de ideas asegura que la «simple financiación» no cumplirá con varios principios fundamentales recogidos en la Constitución: igualdad (artículo 14), garantía de un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos (artículo 158) y solidaridad (también en 158 ).

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