6 de noviembre de 2024

El final de las fiestas de Cala Mijas envuelto en una maraña de quejas entre el ayuntamiento y la promotora

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La promotora musical Last Tour y el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) llevan meses enzarzados en un litigio basura de negociaciónquejas y exigencias de pago de una serie de facturas por importe superior al millón de euros, correspondientes al Fiesta de Cala Mijas que se celebrará en 2023. Este viernes el concurso llega a su fin y Mijas se queda definitivamente sin su gran cita musical del verano. Un evento que situó a esta ciudad de la Costa del Sol en el circuito internacional de las grandes fiestas de la temporada estival.

La empresa organizadora -promotora de encuentros con tanta tradición como el Azkena Rock Festival de Victoriaque celebrará su 22ª edición en junio, o el BBK Live de bilbaoque alcanzará la mayoría de edad en julio- desestimó el caso anunciando que suspendía definitivamente la próxima edición de este evento, prevista para septiembre.

ultima gira ha optado por «disolver y dejar sin efecto» el contrato de patrocinio que mantiene con este municipio de la Costa del Sol desde el 15 de diciembre de 2021, achacando «al falta de atención injustificada por parte del Ayuntamiento de sus obligaciones contractuales» la imposibilidad de continuar con la cooperación acordada.

Los principales motivos que llevaron a la empresa a tomar esta drástica decisión y poner fin a Cala Mijas, que fue un éxito en sus dos primeras ediciones «éxito absoluto» Tanto para sus promotores como para la ciudad anfitriona se trata de «el reiterado y grave incumplimiento» cometido por el Ayuntamiento, afirman.

Last Tour acusa al Ayuntamiento de Mijeo de le deben «sumas sustanciales» económicamente en relación a la última edición de este encuentro musical. Un impago que se prolonga en el tiempo, pese a las constantes peticiones que dicen haber formulado.

Y aunque es «el más relevante de todos», no sería el único motivo que da el promotor para justificar su decisión. Después de la impago de facturas Quedan pendientes «otros incumplimientos no menos graves» como «la falta de acondicionamiento y dotación de instalaciones en el recinto», apuntan.

la reacción de Consistorio Ante el anuncio de la suspensión del evento y las acusaciones de la promotora, no se hicieron esperar y en un comunicado enviado a los medios, donde enumeran lo que están considerando. violaciones contractuales Por parte de esta empresa, la responsabilizan de «la rescisión unilateral del contrato» para organizar un evento con el que afirman querer continuar.

El Ayuntamiento pidió a Last Tour -explican- que justificara las inversiones iniciadas desde el festival «de forma detallada y conforme a las exigencias contractuales». Unas inversiones que suponen -subrayan- la inversión de otro millón de euros en cada edición, desde ocho millones en 2022 y hasta doce millones en 2026.

Además, añade el Consistorio, el facturas que corresponde al 2023 «presente objeciones por la Intervención Municipal, que suspende la tramitación del expediente de gastos hasta su resolución.” No se habrían negado a pagar, sólo habrían retrasado el pago hasta que se resolvieran estos aspectos.

En el trasfondo de esta disputa que priva a Mijas de su fiesta, aparece la cambios de gobierno vivido en el ayuntamiento de esta localidad turística de la costa malagueña tras las últimas elecciones municipales, la moción de censura de la Partido Popular incluido.

Pedro Sánchez, en la fiesta

Cuando Cala Mijas empezó a funcionar en 2022, al frente de la corporación municipal estaba el Partido Socialista de Josele Gonzálezque en la segunda edición del festival llegó incluso a visitar inesperadamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoa Gómez, que sirvió para promocionar el evento. La nueva corporación, formada por una coalición encabezada por el popular Ana Mataoptaron por examinar en detalle las cuentas municipales y en este ejercicio de revisión del gasto se toparon con Último Tour y la Cala Mijas, en manos del Tribunal de Cuentas.

Las facturas derivadas de la polémica son nueve. Hay siete de ellos, lo que equivale a 952.875€cuyo pago ninguna de las partes está dispuesta a aceptar y hay otros dos donde la Intervención Municipal ha observado «reparos» que aún no han sido subsanados, afirma el Ayuntamiento.

Así, mientras la promotora denuncia el incumplimiento de la obligación de pagar diversas facturas, el Gobierno local -que insiste en su «voluntad e interés» por continuar con la fiesta- se aferra a «las objeciones» que ofrecen para explicar por qué no han suscrito hasta la fecha y acusa a Last Tour porque – asegura – «la inversión realizada en ningún momento estuvo justificada» en relación a la edición de 2023 y es «rígido«con aspectos como el acondicionamiento del local o las infraestructuras necesarias, cuya implantación -insisten- no le corresponde.

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