Una dirección fiscal cercana a García Ortiz tiende a no ver ningún delito en la filtración del novio de Ayuso

El Consejo de Fiscales del TribunalLa dirección del Ministerio Público, afronta este miércoles el debate sobre si se debe investigar previamente qué miembros de la institución llevaron a cabo la revelación de datos confidenciales del acuerdo que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso con la fiscalía provincial de negociaciones. Madrid.
El fiscal a cargo del caso, María de la O Silva., considera que se deben realizar diligencias «mínimas» encaminadas a esclarecer «la intervención del imputado en los hechos denunciados» con el objetivo de «buscar la verdad esencial» y luego valorar la relevancia penal de los hechos. Es decir, decidir después si el Tribunal Supremo de Madrid La denuncia interpuesta por la pareja de Ayuso contra la fiscal provincial jefe de Madrid debe admitirse a trámite o no, Pilar Rodríguezy el fiscal de delitos económicos, julián saltopor un delito de revelación de secretos.
La orden dictada por el Vicefiscal del Tribunal Superior, María Ángeles Sánchez Conde, es que Silva debería denunciar en contra del reconocimiento de la referida denuncia. Como la fiscal del caso no está de acuerdo con eso, apeló al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que da lugar a un veredicto – preceptivo pero no vinculante – de la Fiscalía General.
cambio ideológico
El Consejo de Fiscales de Cámara está formado por los fiscales de la más alta categoría de la carrera del Fiscal, que ha sufrido un cambio ideológico en los últimos años debido a la sesgada política de designación llevada a cabo por el ex Fiscal General del Estado. Dolores Delgado y su sucesor Álvaro García Ortiz.
Actualmente el Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece Delgado y de la que García Ortiz fue portavoz, tiene una representación sin precedentes en el despacho general de la fiscalía, a pesar de que, a su vez, se ha producido la paradoja de las retiradas de asociados en años históricos pasados. este grupo por la falta de críticas a las respectivas actuaciones de ambos fiscales generales. Según datos facilitados por esta asociación, la UPF está formada actualmente por aproximadamente 240-250 fiscales de los aproximadamente 2.700 que componen la Carrera Fiscal. Sin embargo, 17 de los 37 fiscales de cámara actuales son miembros de la UPF.
Este escenario -con un Consejo similar al actual fiscal general- haría previsible que el teniente fiscal, también miembro de la UPF, consiguiera el apoyo de la mayoría de los fiscales de la Cámara. Sin embargo, esta circunstancia no impedirá un profundo debate sobre la última polémica encabezada por la fiscalía de García Ortiz.
Diferentes fiscales de la Cámara consultados por Los progresistas y conservadores sienten vergüenza de que «el gabinete de prensa de la Fiscalía esté actuando como el de un partido político» en un caso -el del novio de Ayuso- que sirvió al Gobierno de Pedro Sánchez para impugnar a la presidenta de Madrid para atacar su comunidad. No existe ningún precedente de una nota como la emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el trato con el empresario. Alberto González Amador. La expedición de dicho documento, cuya distribución fue dada por García Ortiz al fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra (ambos se quedaron fuera del caso), puso en pie de guerra al Colegio de Abogados de Madrid, que interpuso otra denuncia por estos hechos.
En el debate puramente técnico, hay un grupo mayoritario de fiscales que considera que no se ha cometido un delito de revelación de secretos ya que el contenido de los distintos correos electrónicos fue publicado previamente por varios medios de comunicación mientras que otro sector, el minoritario, defenderá – ya que no pueden excluirse indicios de un delito de revelación de secretos- la obligación del ministerio público es investigar los hechos y tratar de establecer responsabilidades. Creen que la actuación provocó una «flagrante vulneración de los derechos de defensa y de la presunción de inocencia» del investigado, en este caso, el novio de Ayuso.
Estos hechos dieron lugar a nuevo material en la fiscalía. En el informe donde planteó el artículo 27, María de la O Silva habló de la «presión» en las reuniones celebradas en la Fiscalía para abordar este asunto, lo cual fue revelado por . Silva contó cómo a la primera de esas tres reuniones fue convocada por el secretario de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque la reunión finalmente estuvo presidida por el titular de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León. El Teniente Fiscal de Madrid, Carlos Ruiz de Alegríay el propio Silva.
El fiscal explicó que en esa reunión también estuvieron presentes los fiscales imputados, la fiscal provincial jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, junto con el fiscal superior de la división segunda de la fiscalía provincial de Madrid. María de la Paz Núñez.. «Ya en dicha reunión, el teniente fiscal y el fiscal a cargo del caso expresaron la necesidad de que se les permitiera trabajar con tranquilidad, sin presiones, y que entendíamos que era necesario revelar los hechos objeto de la denuncia. «Es, para aclarar», denunció. Los fiscales de la Fiscalía Superior de Madrid mostraron su malestar y sorpresa por el hecho de que fueran citados a la misma reunión con los fiscales objeto de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía Superior. Tribunal de Justicia de Madrid.
La postura del teniente fiscal es que «el ejercicio de la diligencia propuesta resultó objetivamente inútil» porque el contenido de la nota informativa no «integraba ningún tipo de delito». Sánchez Conde consideró que la recogida de las comunicaciones intercambiadas entre los fiscales «no fue conveniente» y además «sienta un grave precedente para una institución como el Ministerio Fiscal».