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Los problemas judiciales de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, son complicados. Este lunes ingresa al penal de La Paz luego de que un juez condenó a cuatro meses de prisión preventiva en su contra y dos de sus ministros, Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía. Los tres están acusados de los delitos de ‘terrorismo, conspiración y motín’ por los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
La policía boliviana ha lanzado un operativo para sacar de las celdas de la mañana del sábado al exjefe de Estado interino, detenido en la madrugada del sábado Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) al Centro de Mujeres Obrajes, en el sur de la ciudad.
Un grupo de personas esperaba que Áñez mostrara su apoyo a las puertas de la cárcel gritando: “nadie se cansa, nadie se rinde”, estribillo característico de las movilizaciones ciudadanas de 2019 que muestra irregularidades en las elecciones generales de ese año. . Las tensiones fueron altas en la capital boliviana y otras ciudades como Sucre y Santa Cruz, donde la policía desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en previsión de posibles protestas, mientras crecían los rumores de nuevas detenciones de miembros del gobierno interino.
Áñez estará aislada por 15 días para respetar el protocolo sanitario por la pandemia, y luego conseguirá un lugar entre los 200 presos que pueblan el penal ‘sin privilegios’, según el director general del Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos. Limpias, dijo. A su vez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán ingresan al penal San Pedro, también en La Paz, y en el mismo régimen. Los tres están acusados de ‘terrorismo, conspiración y disturbios’ por los hechos que llevaron a la salida anticipada de Evo Morales a fines de 2019.
El juicio contra los tres funcionarios comenzó el domingo y duró casi nueve horas. Según afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, Áñez fue incluida en el proceso como senador y no como presidente. Por lo tanto, no tuvo un juicio especial y se encuentra en una prisión regular.
Además, Lima presentó ante la Fiscalía cuatro cargos por delitos que habría cometido Áñez como presidente. Se refieren a su gestión de la pandemia y a algunas actuaciones económicas de su gabinete. Estas acusaciones contra el expresidente deben llegar al parlamento boliviano, aunque el Movimiento Socialista (MAS) del presidente Luis Arce no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para convertirlo en un “juicio de responsabilidad”.
Entre estos reclamos, no hay nada sobre la responsabilidad de la expresidenta en reprimir las protestas contra su gobierno en noviembre de 2019, que causaron más de 30 muertos y cientos de heridos. El presidente Arce ha hecho de la sanción de “la masacre de Sacaba y Senkata” una de sus demandas electorales más importantes.
Muchos analistas creen que Áñez y sus asociados pueden enfrentar tres frentes judiciales: el proceso en el que están incluidos actualmente, centrado en los días inmediatamente anteriores y posteriores a la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019; un juicio por la actuación del ejército en las primeras semanas de su gobierno, y las acusaciones sobre la gestión de Áñez ante el parlamento.
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