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Telefónica ha presentado una demanda contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. La solicitud de arbitraje fue registrada el pasado viernes 12 de marzo, aunque no se dieron a conocer las motivaciones. La multinacional española de telecomunicaciones afirma que Sunat -el Tesoro peruano- y otras agencias gubernamentales no están cumpliendo con las obligaciones del acuerdo de inversión entre España y Perú. Y ya habría informado los problemas por carta al gobierno peruano, según el periódico Comercio.
El APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Perú) es un acuerdo bilateral firmado en Madrid en 1994 por los Cancilleres de ambos países, que entró en vigor en 1996. tratamiento que ambos estados dan a inversionistas del otro país e indican cómo proceder, por ejemplo en caso de expropiación o disputas legales. El objetivo era promover la inversión entre los dos países, que se comprometieron a dar a las empresas de la otra parte un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores. “
La decisión de Telefónica se produjo en medio de una relación poco común entre la empresa y el gobierno peruano. Hace apenas tres semanas, el tribunal constitucional peruano acordó con la firma española en una disputa con el fisco del país, que exigía el pago de intereses atrasados por una deuda tributaria. La sentencia eximió a Telefónica del pago de una parte de los intereses, concretamente 729 millones de soles (aproximadamente 163 millones de euros), ya que la duración excesiva del proceso perjudica a la compañía al incrementar el importe. Sin embargo, según la agencia EFE, Telefónica tiene que pagar 322 millones de euros al fisco peruano: unos 131 millones por el principal de la deuda y otros 191 millones por los intereses acumulados.
El caso está rodeado de tensión. Horas antes de que se anunciara el veredicto de los jueces, Telefónica se defendió en un comunicado contra las acusaciones de una de las magistradas constitucionales, Marianella Ledesma. La empresa española ha asegurado que ha pagado todos los impuestos correspondientes desde que empezó a trabajar en Perú hace 27 años. En los años de polémica por la deuda tributaria (1998, 2000 y 2001), asegura haber pagado entre el 40% y el 52% de sus beneficios, “más del 30% que estipula la ley”. En 2019, Telefónica ya había pagado 218 millones de soles por una deuda tributaria que surgió entre 1999 y 2004, que fue reclamada por Perú.
La disputa con las autoridades peruanas se amplía ahora con la demanda ante el organismo arbitral internacional, en un caso que amenaza con borrar aún más relaciones ya complicadas que también afectan su reputación. La empresa criticó que la sentencia se interpretó como una forma de perdonar a Telefónica por pagar sus obligaciones tributarias. Y responde así en el comunicado: “Si la decisión es favorable a la empresa como se indica en diversos medios, no es cierto que se condonaría el pago de una deuda a Telefónica, sino más bien un criterio ya fijado por el TC en el Sentimos que la propia demora de la administración en resolver por encima de los plazos legales no puede perjudicar a un contribuyente que ejerce su derecho legal de disentir, ya sea una persona física, pequeña, mediana o ‘es una gran empresa’.
Esta no es la primera vez que Telefónica recurre al CIADI para resolver disputas con las autoridades locales. En 2018 presentó una demanda arbitral contra Colombia por un laudo arbitral en ese país que lo condenaba al pago de 1.652 millones de pesos colombianos (470 millones de euros) por los activos utilizados para implementar la telefonía móvil en el país sudamericano.