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Luego de 23 días de la elección del 14-F, este martes se llevó a cabo la primera reunión a tres bandas entre ERC, Junts y la CUP para abordar un tratado de gobierno. Los contactos se están acelerando ahora, porque este viernes es el plazo para constituir el nuevo parlamento, y de momento no hay otro acuerdo que mantener sobre la mesa la mayoría de los independentistas. El secretismo de si Laura Borràs será la candidata a presidir la Cámara fomenta el baile de nombres dentro de Junts, lo que provocará malestar en el partido dentro de unos días importantes.
Si bien las reuniones bilaterales fueron discretas, en la primera a las tres, no se ocultó en el lugar más evidente: los pasillos del parlamento fueron el escenario del movimiento de los integrantes de los equipos negociadores. Solo Junts y la CUP fueron parte de la reunión. Para los anticapitalistas no hubo “ningún acuerdo destacable”, mientras que el de Carles Puigdemont cree que se avanza con “la consolidación de la mayoría independentista”.
La negociación del tratado, con el volador objetivo de las posiciones de la mesa parlamentaria, implica un paso entre las contradicciones entre los futuros socios (la CUP parece menos motivada para entrar en el gobierno, pero su apoyo parlamentario es la clave), pero también dentro de cada formación. Los anticapitalistas, por ejemplo, aprovecharon para insistir en asumir la presidencia de la Cámara si ayudaba a proteger la “injerencia” de la Corte Constitucional, es decir, desconocer la restricción al debate sobre la autodeterminación.
Pero el mayor obstáculo está en el corazón de Junts, donde el secretismo con el que se trata el futuro de Laura Borràs está provocando malestar en algunos sectores. El tratado para el gobierno cambia drásticamente si el candidato lidera el parlamento o elige estar en el poder ejecutivo. Junts quiere dos asientos en la mesa, pero conserva los nombres de sus candidatos.
Sin embargo, esta estrategia no detiene el inevitable baile de nombres dentro del partido. Algunos han sonado incluso antes de las elecciones, como el actual portavoz de la Meritxell Budó. También hay quienes posicionan como demandantes a la jurista Gemma Geis o al exconsejero Damià Calvet, aunque en las inmediaciones de este último aseguran que le gustaría repetir como consejero. En la zona de Borràs, entienden que las kinellas están intentando impulsar la decisión del exconsejero de Cultura, mientras que otros sectores consideran “deseable” tener planes b.
Borràs está presente este miércoles, que será técnicamente su último pleno del Congreso. No se espera que hable durante la sesión. La candidata de Junts aún no ha hecho su condición de diputada (su expareja Jaume Alonso Cuevillas lo hizo el lunes) y agrega tensión a la situación. Cada candidato va a su propio ritmo, afirman en Junts.
Más allá de la visibilidad y el futuro político por el que aspira, el camino de Borràs está marcado por el supuesto tope de un contrato público a beneficio de un amigo. Pero la imagen de un líder parlamentario en proceso de juicio no llegará. El reglamento estipula que los derechos de un diputado serán suspendidos “inmediatamente” cuando sea ejecutado por “delitos relacionados con la corrupción”. Como avanzado La vanguardia, nunca se ha hecho el supuesto, que se incorporó a la reforma de 2018.
ERC, que ha elevado la CUP para dar el paso de ser la mesa, puede que tenga que ceder una de las dos posiciones que anhela. Junts, que también puede hacerlo, es capaz de mantener el pulso y exigir que no se toque su cuota. El seccionalismo contará con la mayoría en el órgano de gobierno del Legislativo, garantizando así que no haya obstáculos para abordar temas espinosos relacionados con la independencia, pero existe el riesgo aritmético de que uno de los cinco pierda los puestos que quiere. Una operación en ese sentido debe incluir a Vox, quien, a pesar de redactar un cordón mensual para evitar su presencia en los representantes del parlamento, tiene derecho a votar por quien quiera.